Dir. Alberto Morales
 
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IMPUNIDAD ELECTORAL
Lo dije miles de veces y lo escribí en decenas de ocasiones: mientras los consejeros electorales sean propuestos por los partidos políticos en México, jamás existiría imparcialidad de ese órgano, y afirme también, que mientras los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal sean elegidos en el Senado de la República, la justicia en esa materia iba a ser parcial y a favor, siempre, de los partidos mayoritarios en la Cámara Alta, que son, los que al final los determinan.
01/03/2015 23:13:14 - Xalapa, Ver. por Helí Herrera Hernández


El IFE y el TRIFE surgieron como instituciones que despertaron expectativas



en la sociedad mexicana, producto de la desconfianza que las anteriores autoridades



electorales habían generado porque estaban en manos del gobierno mismo, y como tal



hicieron cuanto fraude electoral pudieron para favorecer a su partido, el PRI, que era



el que gobernaba este país. El último y que fue el que provoco el parto fue la elección



presidencial de 1988.



Pero la práctica diaria se ha encargado de enterrar aquel sueño del México



democrático donde todos los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones,



bajo la vigilancia de las autoridades electorales que, sujetándose a las leyes de la



materia deberían sancionar a todos los que la infrinjan, y no rodearlos de impunidad



que lo único que genera es el alejamiento de los electores de las urnas, y de los



mexicanos el repudio total a todo aquello que huela a políticos, partidos y autoridades.



Los mapaches electorales de antaño son hoy los consejeros y magistrados del



INE y del TRIFE. Son, en esencia, los que le hacen el trabajo sucio al gobierno federal



trátese del partido político burgués que este en ese momento en el poder. Antes lo



hicieron con el PAN cuando llegaron a sentenciar que Vicente Fox si había violado



las leyes electorales y la Constitución Federal en beneficio de Felipe Calderón,



pero que solo había hecho "poquito", y que en consecuencia no debía ser sancionado



ninguno de los dos. En otro país al Presidente lo hubieran enjuiciado y al beneficiario



de sus acciones desconocido su triunfo.



Y así, mientras el Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal



Electoral del Poder Judicial de la Federación sigan en esa ruta, los candidatos,



partidos políticos y autoridades constitucionales seguirán pitorreándose de las leyes



electorales que sancionan sus abusos, porque a final de cuentas, para eso los



impusieron, para protegerlos de sus fechorías, como es el caso del partido verde, que



ha hecho lo que ha querido durante toda su vida, porque se ha especializado en



burlarse de las leyes electorales a sabiendas que es la criatura del PRI, y que éste



instituto político ha puesto a la mayoría de éstas tristes autoridades electorales, con



la infantil ayuda del PAN y del PRD.



El INE ha abdicado de las responsabilidades que le tocan que no solo son la de



preparar las elecciones y hacer que se respete el voto depositado en las urnas, sino



también las de someter al marco de las leyes electorales todos los actos de los



partidos políticos y sus candidatos, sancionándolos con la ley en la mano, cosa que no



ocurre desde hace años con la franquicia del niño verde, que elección tras elección



viola el marco electoral sin que se le castigue.



Los escándalos ante su parcialidad cada vez son mayores y siempre a favor del



Verde y del PRI. Allí están las tarjetas soriana-monex y los espantosos rebases de los



topes de campaña de Enrique Peña Nieto, que todos vimos, menos las autoridades



electorales, quizás, claro está, porque este remedo de partido fue creado por Carlos



Salinas de Gortari para ayudar al PRI, desde aquella época, para capturar los



porcentajes de sufragios que su partido perdiera por el desprestigio de su gobierno.



Hoy ocurre lo mismo con Peña Nieto y otra vez sale el Verde como su tabla de



salvación, violando las leyes electorales, rodeado de una aureola de impunidad que



tanto los consejeros electorales como los magistrados del TRIFE le han otorgado, no



imponiéndole multa alguna (como se extraña a José Woldenberg con aquellas multas



por el Pemex-gate y los amigos de Fox), y mucho menos retirándole el registro a esa



franquicia, por los delitos electorales cometidos.



No le inquieta al PRI y a Peña Nieto el derrumbe que en los últimos meses



están teniendo de casi diez puntos porcentuales en las preferencias electorales, si



por la vía del Verde y sus violaciones a la ley electoral los está recuperando. Mientras



el resto de los partidos no pueden anunciarse en los medios de comunicación porque la



ley se los impide, el partido verde ha utilizado 2 mil 284 millones de pesos en su



campaña de imagen en los cines, en la radio, en la televisión, en los papeles para las



tortillas, aprovechándose de los programas sociales para su beneficio político.



Allí están los artistas de televisa y de televisión azteca aprovechándose de la



escasa cultura de los mexicanos para promocionar al Verde, bajo el slogan SI



CUMPLE, de leyes aprobadas por el Congreso, haciéndoles creer que fue gracias a



ellos -lo que ya constituye una mentira-, y en tiempos que las leyes electorales



prohíben hacerlo, y que ahora, según lo dicta el Estado de Derecho, deberían costarle



la pérdida del registro como partido político nacional.



Por eso la crisis que exploto en el Consejo General del Instituto Nacional



Electoral el miércoles 18 de febrero que condujo al abandono de todas las sesiones,



tanto del Consejo General como de sus comisiones, de los representantes de siete



partidos políticos que exigen la aplicación de la ley contra el partido verde, amenazan



la credibilidad del proceso electoral del 7 de junio, y más cuando el hartazgo social



por la situación que vive el país, producto del desgobierno peñanietista, es de suyo



preocupante.



Pase lo que pase el partido verde ya evidencio al INE y al TRIFE que se ha



encargado de quitarle cuanta multa ha llegado a esa instancia. La disyuntiva de los



consejeros de ese cuerpo colegiado y más de su presidente es actuar contra este



partido malhechor, bandolero y transgresor de las leyes electorales, o dejar que la



sociedad entienda que se ha convertido en una correa de transmisión de los intereses



del gobierno federal y no de la cultura democrática.


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