Dir. Alberto Morales
 
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Criminalizan protestas sociales: LAVIDA
En un tema no menos importante, a través de una carta, organizaciones de la sociedad civil pidieron al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, aprobada en diciembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero pasado.
12/02/2016 11:07:18 - Xalapa, Ver. por José Ortiz Medina



Los organismos civiles señalan que esta nueva norma contiene restricciones y riesgos, pues el enfoque de diversas de sus disposiciones restringe derechos fundamentales.



Entre sus principales preocupaciones, enumeran el riesgo de que "por falta de claridad en la redacción de la ley se puedan imputar delitos a personas o comunidades opositoras a proyectos energéticos", así como "la presencia de diversas cláusulas que refuerzan la restricción al derecho de acceso a la información" y que "se obstaculice el trabajo de investigación, promoción y defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil, pues dicha ley dispone en el artículo 18 sancionar a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley."

Esto tiene particular relevancia en Veracruz, donde precisamente existen movimientos sociales en contra de la instalación de presas, minas y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fracking, que con esta ley serían criminalizados y reprimidos por la vía judicial.



"En un ambiente generalizado de criminalización de la protesta social, agravan las condiciones de vulnerabilidad de los actores sociales que legítimamente y en ejercicio de sus derechos buscan información, se organizan y expresan su oposición de cara a proyectos que los afectan", señalas las organizaciones civiles firmantes, entre las que se encuentra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).



 



COMO LA VIOLENCIA vende bien políticamente, diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exigieron al presidente Enrique Peña Nieto pronunciarse sobre la ola de asesinatos acontecidos en Veracruz en los últimos días, con especial énfasis en el homicidio de la reportera Anabel Flores Salazar. En la tribuna de San Lázaro, el diputado y periodista Virgilio Caballero espetó a Peña que "no basta con repetir una vez tras otra que se llegará hasta las últimas consecuencias. Llegó el momento de que actúe como Jefe de Estado ante la crisis de esta entidad (Veracruz) y deje de proteger con su silencio al gobernador Javier Duarte, aunque éste sea de su propio partido". Sin duda tiene razón en lo que dice Caballero. Sólo que llama la atención que no sea igual de exigente con su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha referido a este tema de manera blandengue, apenas con un tuit en el que pronuncia un más que tibio "duele la violencia en Veracruz", al tiempo que le quiere quitar responsabilidad sobre la misma a las dos últimas administraciones estatales. Y luego se enojan de que se diga que el "Peje" es aliado del PRI en Veracruz.



 



SIN DUDA, un tema de agenda para los próximos gobernantes es el campo. La transformación de este sector constituye uno de los grandes retos para alcanzar la seguridad alimentaria de nuestro país, abatir los niveles de pobreza y fortalecer el desarrollo rural. Y aún cuando el panorama agropecuario apunta a un aumento del PIB primario y en las exportaciones del sector, la diferencia entre grandes y pequeños productores continúa siendo abismal. No obstante, hay programas como la agricultura por contrato que coloca a ambos productores en un mismo nivel. Esta modalidad ha sido bien recibida, pues asegura al campesino la adquisición de su producto sin intermediarios. De hecho ya existen empresas que están colaborando de esta manera con los pequeños productores de la región. Por ejemplo, la industria porcícola Granjas Carroll de México, que trabaja bajo esta modalidad con agricultores de Puebla y Veracruz. Con esto no sólo se ofrece certidumbre a ambos eslabones de la cadena de comercialización, sino que se garantiza la obtención de un precio favorable a los trabajadores del campo, además de que la derrama económica se queda en la zona.



 



DEBIDO A UN cuadro de apendicitis, el ex secretario de Finanzas y Planeación y ex diputado federal por el distrito de Coatepec, Fernando Charleston Hernández, fue intervenido de emergencia, este jueves. Por la mañana, Charleston Hernández ingresó al Hospital Ángeles, de Xalapa, donde fue operado; antes, en la sala de urgencias, el ex funcionario estatal se quejó, a través de su cuenta de Facebook, debido a que "no hay quien haga" un ultrasonido.



 



A UN AÑO CON cinco meses, el caso de Ayotzinapa se mantiene abierto.

Las investigaciones derivadas de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" todavía no terminan. En el seguimiento de dicho tema, el diario La Razón, que dirige Rubén Cortés Fernández, publica este jueves una declaración del ex director de esa institución educativa, Jaime Solís Robledo, quien planteó que las autoridades deben interrogar tanto a los líderes estudiantiles como a los maestros de la normal, a fin de conocer las motivaciones que tuvieron para la toma de camiones y el envío de estudiantes a Iguala. El ex director de la normal "Raúl Isidro Burgos" recordó que al iniciar las indagatorias, las autoridades analizaban la probable infiltración del crimen organizado en el movimiento estudiantil; sin embargo, dijo, esa línea de investigación fue desechada, debido a la presión de los padres de los estudiantes desaparecidos. Por cierto, Solís Robledo es autor de libro "Ayotzinapa y yo, anecdotario", en que expone problemas de alcoholismo y drogadicción en la escuela. Ese texto, desde su aparición, ha causado una fuerte polémica; este jueves 11, por ejemplo, los diputados que integran la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el caso Ayotzinapa criticaron severamente su contenido, por considerar que criminaliza a los normalistas.


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