Xalapa, Ver. -- 2009-01-07 16:15:12 -- por Verónica Woodhouse
Muy elevado podría resultar el costo de sostener pese a todo a Sergio López Esquer en su encargo, ya que además de sus nulos resultados, su arbitraria y parcial actitud, podrían ocasionar problemas de grandes dimensiones.
Como si con sus palabras la situación quedara zanjada, el gobernador ya condenó a la tropa y salvó momentáneamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al declarar un tanto molesto que la manifestación de los elementos policíacos efectuada el pasado martes en la Plaza Lerdo, era “indebida, innecesaria, improcedente y que no correspondía con responsabilidad, con rigor y con el cumplimiento del deber” que los uniformados deben guardar y observar.
Dicho así, a primera vista, pareciera que el mandatario veracruzano tiene toda la razón, sin embargo, si se analiza el fondo de la manifestación, el que sale raspado con las palabras del titular del Poder Ejecutivo, es el propio general Sergio López Esquer, quien tanto a los policías, como a la ciudadanía, nos queda debiendo y mucho en cuanto a actitudes indebidas, innecesarias e improcedentes se refiere, ni hablar del rigor y del cumplimiento del deber que se supone debe guardar.
López Esquer logró reunir a la tropa en su contra por varias razones, pero la principal, es que a la hora de la verdad no se sabe bien a bien de qué lado está, ya que deja a sus hombres solos y les niega las garantías que se supone deben tener en el cumplimiento de su trabajo, que es ni más ni menos el de salvaguardar la vida e integridad de los veracruzanos.
Todo tiene un principio y un fin y, más allá de las irregularidades administrativas y jurídicas que imperan en esa dependencia. El principio de esta serie de manifestaciones y muestras de enojo por parte de los uniformados, comenzó el pasado jueves 18 de septiembre, cuando la tarde de ese día, el comandante Braulio Torres Rosado, el policía Nestor Noe X y el Chofer de la patrulla de la PIXBT, Edgar Enríquez Hernández, asignados al sector Ánimas, tuvieron la mala suerte de detener a un aparente narcomenudista que traía consigo 25 grapas de cocaína.
Luego de lograr la exitosa detención del sujeto, los elementos policíacos, cumpliendo los lineamientos y el protocolo establecido para estos casos, llevaron al presunto “grapero” ante las autoridades estatales (los separos) para que éstas a su vez, efectuaran el tramite correspondiente y la puesta a disposición a las autoridades federales, toda vez que el delito cometido por el individuo aprehendido era del orden federal.
Hasta ahí, todo parecía normal, los uniformados regresaron a su sector y continuaron su labor de vigilancia, sin embargo, más pronto de lo que canta un gallo, un comando armado a bordo de tres Hummers, irrumpió en las instalaciones policíacas para llevarse al detenido con todo y el oficio de puesta a disposición y, unas horas más tarde, en cuanto los policías terminaron su guardia fueron impunemente levantados por otro comando armado.
La respuesta de las autoridades estatales ante estos hechos, no sólo fue nula, sino que además, a pesar de las peticiones y exigencias de los familiares y amigos de los desaparecidos, se negaron a presentar como hubiera correspondido una denuncia del secuestro. De hecho, como los policías no aparecieron sino hasta el 4 día, ya hasta se habían dado el lujo de darlos de baja de la corporación, situación que finalmente, tuvo que ser rectificada.
Unos días después, el entonces coordinador de la PIXBT, Bertoldo Reyes Campuzano, sufrió un fallido atentado luego de que declarara ante los medios de comunicación, que él, como abogado, les había aconsejado a los elementos policíacos presentaran de manera personal ante las autoridades correspondientes la denuncia respectiva.Semanas después, dos elementos de esa misma corporación, por órdenes del general Sergio López Esquer, fueron encarcelados, luego de que se negaran a recibir a un sujeto que había sido golpeado y despojado de sus pertenencias por un grupo de militares en el fraccionamiento las Ánimas. Los policías no actuaron mal, pues en todo momento siguieron el protocolo; sí alguien faltó aquí, fueron los militares, no los policías, a quiénes inclusive, se les había negado el derecho de la libertad bajo caución, por el presunto delito de evasión de reos, entre otros.
Esta situación, provocó que la tropa, sin armas, pero cansados de tanto abuso y arbitrariedades, encarara al general en un evento protocolario efectuado en el Cuartel San José. Ahí, le exigieron garantías para cumplir con su trabajo, mejores uniformes y equipo, así como la libertad de sus compañeros. Como respuesta, al encuartelamiento del que fue objeto, el general, pidió auxilio a su escolta, conformada por un grupo de militares altamente entrenados, quienes con armas largas y cortando cartucho, irrumpieron en el lugar, para intentar llevarse a su jefe, lo cual, nunca consiguieron, porque los policías, mostrando una gran habilidad, de inmediato los desarmaron y sometieron, para ponerlos a disposición del departamento jurídico del Cuartel.
El pasado mes de diciembre, nuevamente los policías se organizaron y salieron a las calles para defender sus derechos laborales. En La Plaza Lerdo, nuevamente desarmados, exigían el pago de un bono al que tenían derecho. Fue tal el alboroto, que varios funcionarios se apersonaron en el lugar para dialogar con ellos, entre los que destacaron, el secretario de Finanzas Javier Duarte de Ochoa y el subsecretario de Gobierno, Francisco Portilla Bonilla.
Se prometió que no habría represalias en contra de los uniformados, sin embargo, esto no fue así. El pasado 28 de diciembre, el policía Néstor Tejeda Ronzón, fue recluido en el Penal de Pacho Viejo y se le niega la libertad bajo caución, luego de que por una llamada de auxilio, intentara meter en cintura a un grupo de rijosos que escandalizaban en la vía pública.
Tan pronto como detectaron la presencia policiaca, un grupo de sujetos que ingerían bebidas alcohólicas y que hacía desmanes en la vía pública, se le fue encima al policía con quién forcejearon para despojarlo de su arma, la cuál, en la trifulca fue accionada, resultando herida en una pierna una mujer que se encontraba en el lugar.
Así pues, sin tomar en cuenta los atenuantes, la justicia le carga hoy la mano a un hombre que llevaba 15 años velando por la seguridad de los xalapeños. Se le trata como a un criminal que de pronto, nada más porqué sí, hubiera enloquecido y accionado su arma en contra de la mujer, cuando esto no hubiera sucedido si los vándalos aquellos, no se le hubieran ido encima para intentar despojarlo de su arma. El arma se accionó no porque el policía así lo hubiese querido, sino porque varias manos, peleaban por ella.
¿Qué debió de haber hecho el policía? ¿Dejar que le quitaran su arma de cargo y ponerse de pechito para que con ella lo mataran?
¿Acaso los que se le fueron encima al uniformado no son culpables de lo sucedido, acaso no cometieron como mínimo el delito de ultraje a la autoridad?
Una prueba de que el general está mal, fue la actitud tomada por sus propios elementos, es decir, por la policía estatal, a quienes el general había ordenado contener la manifestación de los elementos de la PIXBT.
El tiro le salió por la culata, ya que cuando este martes, la Plaza Lerdo se vio rodeada por las fuerzas federales que se decía estaban listas y en espera de una llamada para llevarse a los uniformados inconformes a la ciudad de México, los policías estatales, desobedeciendo las ordenes recibidas, se unieron a sus compañeros de la PIXBT y, juntos, protestaron en contra del general.
No se sabe qué pretenda el titular de la SSP, al enfrentar a las corporaciones. Las fuerzas federales, están para cosas más importantes, no para ser usadas al capricho de un secretario que resulta incapaz de arreglar sus problemas domésticos. La cosa no llegó a mayores pues en alguien cupo la prudencia y, por lo tanto, La Plaza Lerdo no fue escenario de lo que hubiera podido ser un sangriento enfrentamiento.
Normalmente, a la incapacidad se le llama incompetencia y, en materia de Seguridad, en Veracruz, la incapacidad es lo único que ha sobresalido. Si se insiste en llevar el asunto a estos extremos, el hilo por fuerza, tenderá a romperse, lo cual, no dejaría muy bien parados a varios funcionarios de por acá, quienes se las verían muy negras para explicar tanta miopía.
PS: Muy tristes y decepcionados salieron hoy de Palacio de Gobierno los empresarios defraudados en aquel escabroso asunto del ingenio Modelo, pues tras haberlos hecho esperar largas horas, en la Subsecretaría de Gobierno, lo único que consiguieron fue una nueva cita para el viernes. Por lo visto, para Francisco Portilla Bonilla, la palabra del gobernador no cuenta. Qué después no se quejen si el asunto se sale de control, pues a nadie le gusta que le den atole con el dedo, mucho menos si están en juego 400 millones de pesos.
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