07/10/2014 22:43:11 - Xalapa, Ver. por Manuel Rosete Chávez
NARCOMUNICIPIOS
Las funestas noticias que nos llegan sobre los trágicos acontecimientos ocurridos
en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, donde la policía municipal
masacró con saña inaudita a 43 jóvenes para luego depositarlos en seis
narcofosas, son alarmantes y nos llevan a una sola conclusión: los municipios
del país donde hay policía propia están en serio peligro como se ha comprobado
porque esos elementos han sido cooptados por las bandas de la delincuencia
organizada y han tomado como rehenes a los habitantes en complicidad con los
presidentes municipales, miembros también de los carteles.
Está comprobado que la desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue
obra conjunta de la policía municipal y de sicarios al servicio del cártel Guerreros
Unidos. No hay diferencia entre unos y otros. De día, los criminales trabajan con
uniforme; de noche lo hacen vestidos de civil. En el estado delincuencial que reina
en vastas zonas de Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las dos caras de
una misma moneda.
Cuando José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fue señalado como responsable
del asesinato de tres opositores a su gobierno, la denuncia fue frenada. El alcalde
fue protegido por el Congreso local, por funcionarios del gobierno estatal y por al
menos un diputado federal de aquella entidad.
La administración de Ángel Aguirre Rivero se inauguró con el asesinato de dos
normalistas de Ayotzinapa. El nuevo crimen contra ellos perpetrado el pasado 26
de septiembre hace necesaria su salida. De por sí, es un mandatario ausente.
No nos extrañaría que a estas alturas Aguirre Rivero haya sido separado del cargo
por ordenes del presidente Enrique Peña Nieto y puesto a disposición de la PGR
para ser investigado.
Las pruebas de que la masacre fue cometida por la policía de Iguala, ahí están;
dos delincuentes admitieron que junto con policías de ese municipio asesinaron a
17 de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace más de una semana.
La ejecución tuvo lugar en un cerro de Pueblo Viejo, cercano a las fosas
clandestinas donde ayer se habían localizado 28 cadáveres, reveló el procurador
de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera.
Los asesinos, un sicario y un vendedor de narcóticos identificaron al director
de Seguridad Pública de Iguala (aquí en Veracruz son llamados flamantemente
"comandantes de la policía municipal"), Francisco Salgado, como quien dio
la orden de detener a los estudiantes y a uno de los jefes del grupo criminal
Guerreros Unidos, conocido como "El Chuky", como quien ordenó asesinarlos.
Por la tarde, el procurador general de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG),
Iñaky Blanco, informó en conferencia de prensa que fueron 28 cadáveres
encontrados en el lugar conocido como Cerro Viejo de Iguala.
Detalló que la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa
Nacional y Armada de México, así como la policía estatal y PGJEG continúan
las investigaciones para descubrir si hay relación entre los 43 estudiantes
desaparecidos y los cuerpos hallados.
Elementos del Ejército, en coordinación con agentes de la Policía Federal y de
la Gendarmería, trasladaron a 114 policías municipales -entre éstos 20 mujeres-
para su "certificación" al estado de Tlaxcala.
El encargado de despacho de la seguridad municipal de Iguala, Carlos Manuel
Díaz García, confirmó que sólo 114, de más 400 elementos que hay en el
municipio, acudieron "de manera voluntaria" para ser trasladados y certificados.
Estarán en Tlaxcala unos 45 días, indicó.
Los familiares que acudieron a despedirlos, aseguraron que desde este lunes
se les ordenó a los municipales que acudieran con equipaje, Esta mañana, los
policías pasaron lista ante mandos federales y militares y, antes de abordar tres
autobuses donde los trasladarán, les tomaron una fotografía a cada uno.
Esta acción se lleva a cabo luego de que 22 policías municipales de esta ciudad
fueron detenidos por su participación en el asesinato de seis personas, incluidos
tres normalistas, así como en la desaparición de 43 estudiantes, el pasado 26 y 27
de septiembre. Apenas este fin de semana se encontraron 28 cuerpos calcinados
y destazados en fosas clandestinas de la comunidad Pueblo Viejo, municipio de
Iguala.
OTRO RETO PARA EL PROCU
Y aquí en Veracruz donde también hace suficiente aire el procurador de Justicia
del Estado, Luis Ángel Bravo, confirmó ayer la desaparición de cinco jóvenes en el
municipio de Coatzacoalcos, no obstante indicó que no hay indicios de que haya
sido la Policía Estatal, la que los habría levantado.
En entrevista en las instalaciones de la Subprocuraduría para la presentación del
programa "Primer Contacto", dijo que los jóvenes aún se encuentran en calidad de
desaparecidos.
"Son cinco personas en calidad de no localizadas. Esa es la investigación
(condiciones en las cuales desaparecieron). No tengo signo de ello, pero estoy
buscándole y quien sea responsable, (así fueran policías)" se procederá, expresó,
lo que no dudamos porque tenemos pruebas de otros casos en los que Luis Angel
Bravo se ha comprometido a resolver y ha cumplido.
EX ALCALDE RATERO
En una inusitada declaración a los medios de comunicación, el diputado Juan
René Chiunti Hernández, afirmó que "el ex alcalde de Cosamaloapan, Homero
Arroniz Zorrilla, -trienio 2011-2013- "se clavó" 11 millones de pesos", quien
adelantó que podría ser denunciado por presunto daño patrimonial.
"El ex alcalde dice que los devolvió, pero yo digo que se los clavó -afirma
contundente Juan René Chiunti- cuando menos el dinero de CAPUFE que
eran 5 millones 600 mil pesos, etiquetados para la construcción de la planta de
tratamiento de aguas negras, que no se cumplió y si no lo ocupó para la planta
eso se llamada daño patrimonial aquí en China y en Roma."
Estamos chocando las pruebas, explica el representante popular, "ya le llevé
esa documentación que nunca quiso mostrar a las autoridades. La planta de
tratamiento está iniciada, debería de estar terminada, vamos a ver dónde quedó la
bolita, pero el dinero se lo deje a Homero Arroniz".
Hay que recordar que Chiunti Hernández, entregó la administración municipal a
Homero Arroniz, por lo que afirma que existen documentos donde se especifica la
cantidad: "tan se lo dejé que fue un cheque certificado, no se le dejé un papelito
y además el pasado 31 de enero del 2011 la federación le depositó un recurso a
Homero Arroniz del dinero gestionado en la administración que yo presidí, no era
dinero de su administración, y creo que lo desvió y argumenta que lo gastó en
gasto corriente, nada más que ese dinero cuando está etiquetado no se puede
tocar".
El problema entre ambos políticos surgió porque el diputado, al concluir su
administración fue acusado de no haber construido la planta de tratamiento.
"Todo ese tema que me han traído de que no construí una planta se trató de un
tema política del ex alcalde Homero Arroniz, pero lo que no dice es que le deje en
bancos 5 millones 800 mil pesos y le dejé, que le llegó el 31 de enero, recursos
de CAPUFE, que tenía que haberlos depositado, en total le dejé 11 millones de
pesos."
QUE SE INVESTIGUE LA SSA
Alguien tenía que levantar la voz y fue la fracción legislativa del PAN la que
exigió una investigación a fondo en la Secretaría de salud y advirtió que no avala
el "borrón y cuenta nueva" que pretende darle el gobierno del estado ante las
denuncias hechas por el ahora ex titular, Juan Antonio Nemi Dib.
El diputado panista, Rosendo Joaquín Guzmán Avilés, no descartó que
se presenten denuncias penales en contra de quien resulte responsable.
"Tres titulares al frente de la Secretaría de Salud en lo que va el sexenio, es
absolutamente reprobable para el gobernador del estado, quien irremediablemente
denota su errática política estatal de salud pública."
No se trata, dijo, de nombrar a cualquiera "no se trata de poner al frente a gente
comprometida con la salud de las y los veracruzanos".
El PAN exigió se explique a los veracruzanos el motivo de esta situación e
informe inmediatamente sobre la estrategia que emprenderá el nuevo titular, quien
tiene la obligación de hacer cumplir la ley en el ámbito de su competencia y no
negociarla, como se ha sostenido en una de sus primeras declaraciones: es mejor
un arreglo en lo oscurito".
REFLEXIÓN
Que tan ciertas serán las constantes denuncias que se vienen haciendo en contra
del secretario de Desarrollo Social y aspirante a candidato priista a diputado
federal por el distrito de San Andrés Tuxtla, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, en
el sentido de que en la nómina de la secretaría cobran cantidades estratosféricas
funcionarios disfrazados de operadores electorales, o sedicentes mapaches
profesionales. Al menos uno, de antecedentes como probado corrupto, si está
con él; José Ruiz Carmona "Pepín". Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx
formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas