Como ya ha sido una costumbre, los nuevos ayuntamientos veracruzanos rindieron protesta el 31 de diciembre del pasado año, y el día primero de enero se avocaron físicamente a tomar posesión de los palacios municipales, y de todos los bienes muebles e inmuebles que son propiedad de los municipios. 

02/01/2011 12:58:03 - Xalapa, Ver. por Helí Herrera Hernández

  Cuando la transición entre las autoridades que se iban y las que entraban eran del mismo partido político, podríamos apuntar que las acciones de entrega recepción se hicieron en tiempo y forma, sin ningún contratiempo y, hasta podríamos apuntar, de manera tersa, salvo una que otra excepción de aquellos que, como en toda familia, no se llevan; pero en aquellas en donde el alcalde o presidenta municipal eran militantes de un partido político y el que llega de otro, allí si que hubo problemas de diversa magnitud. 

      En efecto, sobran los ejemplos que podemos apuntar tanto de unos como de otros casos aquí señalados. En Minatitlán, independientemente que la alcaldesa que se fue es militante distinguida del Partido Revolucionario Institucional, a su compañero de partido le deja un ayuntamiento en quiebra, con cuentas por pagar de varias decenas de millones de pesos, no tomándose ni siquiera la molestia de informarle la magnitud de la rifa del tigre que se sacó. 

      Tuxpan es otro municipio donde el nuevo presidente municipal del PRI hereda de su compañero de partido no sólo deudas, sino problemas que lo harán imaginar acciones que lo ayuden a salir del atolladero en que se metió, porque en verdad que dejó una bomba de tiempo. 

      Xalapa, puerto de Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba y Perote son ejemplos donde la familia priista se puso de acuerdo en todo, y hasta los regidores que salieron pasaron a formar parte de la nueva comuna como directores de áreas, lo que habla de un entendimiento total entre los que se fueron y los que llegaron. 

      Pero no todas las transiciones fueron miel sobre hojuelas. Hay otros municipios donde los alcaldes salientes que perdieron para su partido la alcaldía dejaron sus comunas como reza la oración de la magnifica "sin cosa alguna", como es el caso de Altotonga, donde por primera vez –oficialmente- perdió el PRI las elecciones, y el presidente municipal que se fue no solo le deja heredada a Rubén Martínez Juárez una deuda de varios millones de pesos, sino que le dejó incrustado a varios de sus trabajadores de confianza como nuevos empleados sindicalizados, que vienen a engrosar una altísima nómina y en consecuencia, un excesivo gasto corriente. 

      No conforme con ello, y en un acto de franca provocación, independientemente que la penúltima semana de diciembre había acordado con el nuevo alcalde la entrega recepción y le hizo un recorrido por las instalaciones del inmueble, mostrándole computadoras, escritorios, archiveros y demás bienes muebles en optimas condiciones, para posteriormente hacer lo mismo con todos los camiones de la basura, las camionetas que traía para su uso personal el exalcalde, y demás vehículos que lucían llantas de regulares a buenas condiciones, cuando el nuevo presidente municipal ingresó el día primero de enero con toda su comuna, incluyendo los dos regidores del PRI al palacio municipal, se encontró que alibaba y sus 40 ladrones se habían llevado las buenas llantas de todos los vehículos, cambiándolas de una día para el otro por llantas lisas que si se encuentran en carretera un mosco hasta allí llegaron, y vaya usted a saber si hasta los motores de los carros se llevaron porque dichos datos, al momento de escribir este artículo, aún no eran corroborados. 

      De las computadoras mejor ni le cuento, porque se llevaron las buenas para dejar unas que ni siquiera prenden, al igual que escritorios, archiveros, faltando poco para que la caja fuerte desapareciera. 

      Estoy seguro que, como en Altotonga, varios municipios padecen lo mismo: la desfachatez e inmoralidad de exalcaldes que arriaron con todo, amparados en la impunidad que le brindan sus padrinos políticos, de quienes afirman no solo que los protegen, sino que los van acomodar en cargos públicos dentro de la administración estatal. 

      Los nuevos ediles, sean del partido que sen, deberán fincar responsabilidades contra todos estos truhanes porque tienen una responsabilidad popular: la de rendirles cuenta a la sociedad que, al votar por el cambio, lo hizo para no ver que estos señores o señoras funcionarios siguieran cometiendo estos actos de pillaje y robo, dado que ya estaban hartos de ellos. 

      No hacerlo se traduce en complicidad, que mas temprano que tarde, el pueblo que voto por ellos los reconvendrá no solo con su desprecio, sino no apoyándolos en nuevas empresas. 

      A ver cuantos nuevos alcaldes denuncian a los que se fueron con las alforjas llenas, y observaremos si ahora si la procuraduría de don Reynaldo procede contra estos malos funcionarios, que actúan así por la impunidad que siempre han disfrutado.

Twitter:HELIHERRERA.es