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          Con mi abrazo solidario para Armando Méndez de la Luz.

09/05/2011 00:27:23 - Xalapa, Ver. por Helí Herrera Hernández

      Si de suyo el viaje que realizó el presidente Felipe Calderón al Vaticano, para atestiguar la beatificación de Juan Pablo segundo generó  criticas justificables, porque dejaba al país en medio de ríos de sangre, generadas por las decisiones que ha tomado para enfrentar al crimen organizado,  peor esta la violación que tal periplo causo al marco constitucional, porque proviene del hombre que está más obligado de todos los mexicanos a respetarlo.

      Y es que el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del 130 Constitucional precisa que “”las autoridades federales, estatales y municipales no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni actividad que tenga motivos o propósitos similares””.

      Los zalameros de don Felipe dirán, en abono a justificar el viaje de su jefe a Roma, que éste no tuvo el carácter de “”oficial””; que fue estrictamente personal y privado, pero al respecto vale la pena suplicarles una explicación sobre cuando los actos de un Presidente de la República o Gobernador son públicos y cuales son privados.

      De acuerdo con la hermenéutica jurídica, un acto de gobierno es aquel que produce consecuencias jurídicas, políticas o de facto en la población, de tal suerte yo preguntaría ¿En calidad de que Felipe Calderón invito a Joseph Ratzinger a visitar México, precisándole que los mexicanos “”estamos sufriendo mucho por la violencia que ha ensangrentado la nación””?

      ¿Acaso la invitación la realizo simplemente como un ciudadano creyente, formado en la fe, hacia el jefe máximo de su iglesia, en el entendido que si venia y dado que la hacía a titulo personal, lo iba a recibir en su hogar?

      El problema mayúsculo del Presidente de la República es que la invitación desesperada que le hizo al papa para que venga a México se la hace al Jefe de un Estado, el Estado Vaticano; y las invitaciones a los jefes de estado solo las puede hacer otro jefe de estado, en consecuencia, don Felipe viajo al Vaticano en carácter oficial, como titular del Poder Ejecutivo y como tal, violo la constitución Federal que pregona El Estado Laico, y violó, también, el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

      Transcribo textualmente lo que le dijo Felipe Calderón al papa y que los diferentes medios de comunicación nos lo dieron a conocer: “”Santo Padre: gracias por su invitación, gracias a usted y a la Iglesia. Le traigo una invitación del pueblo mexicano, de los mexicanos para que visite nuestro país que al momento sufre mucha violencia. Ellos lo necesitan mucho, más que nunca, estamos sufriendo””.

      Estas palabras que principalmente la televisión nos paso una y otra vez, en esa cobertura que realizaron la semana pasada para cubrir los actos de Benedicto XVI que convirtieron a Juan Pablo segundo en Beato, son la principal confesión de un Ejecutivo Federal que se puso al margen del marco constitucional, dado que hablo a nombre de todos los mexicanos (incluyendo los más de 20 millones de compatriotas que no profesan esa religión).

      ¿Qué van hacer los Senadores o Diputados, encargados de observar que todos los actos del Presidente de la República se ciñan al marco de nuestra Constitución Federal?

      ¿Le van a permitir que viole el Estado laico y el artículo 25 de La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público?

      Digo esto porque todos, absolutamente todos los legisladores de los distintos partidos políticos han estado calladitos sobre el tema, como si no hubiera pasado nada. Le dan más importancia al mal construido edificio de la Cámara de Senadores o a las iniciativas de ley que quedaron pendientes en la Cámara de Diputados, pero sobre este tema toral, NADA.

      Frente a esta frágil nave del Estado mexicano que navega en aguas turbulentas, y ante la ausencia de un verdadero capitán de tormentas, es menester que se alcen las voces que exijamos de nuestras autoridades el acatamiento de todos sus actos al orden constitucional. No exigimos que las mismas sean ayunas de fe religiosa, pero si que no las mezclen con la función pública, porque al final de cuentas antes de tomar posesión de sus cargos, protestaron cumplir fielmente con las disposiciones contenidas en nuestra ley de leyes.