Las expectativas que ha generado el Pacto por México de la Reforma Político-Electoral no corresponden a la verdadera urgencia que tiene la sociedad nacional de tener una ley en esa materia plural, barata, asequible a la situación económica por la que atraviesa México, pero sobre todo democrática, es decir, donde sea el ciudadano y su conciencia la única que reflexione y accione el sufragio sin intervención mediática, económica o ilegal alguna.

21/10/2013 00:36:57 - Xalapa, Ver. por Helí Herrera Hernández

Pomposamente los medios de comunicación, el Estado y los partidos políticos ya empiezan hablar de los avances de las diferentes propuestas que hay, calificándolas de trascendentales, inclusive, como son aquellas relativas a la reelección legislativa de un periodo para Senadores hasta por 12 años y para diputados por 9, así como la reelección para alcaldes por un periodo más.

Están de acuerdo los partidos políticos integrantes del Pacto en la desaparición del Instituto Electoral Federal y de los institutos estatales electorales para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones que será, de aprobarse, el único organismo encargado de preparar, efectuar y calificar todas las elecciones en el territorio nacional, así como en las candidaturas independientes que deberán reunir un determinado número de firmas para poder participar, y están, también, prácticamente consensuados los criterios para poner en práctica las figuras de la iniciativa ciudadana y la consulta popular.

Afinan una reducción (no dicen de que tamaño), del financiamiento a los partidos políticos, y están de acuerdo los partidos grandes (PRI, PAN y PRD), en aumentar a 4% el porcentaje para que los partidos políticos chicos puedan conservar su registro, en una clara dedicatoria a desaparecerlos para quedar solo ellos y de esa forma afianzar el bipartidismo en México que, dicho sea de paso, solo es de forma porque en el fondo los tres institutos actúan y votan como uno solo.

Estos acuerdos sin embargo no van más allá de lo que realmente requiere el pueblo de México de una nueva ley electoral, por ejemplo, no contemplan sanción alguna para todos los candidatos que rebasan los topes de campaña (muy común en este país), que debería ser castigada con la pérdida de la candidatura. Y no lo hacen porque sería un suicidio político para los partidos de la burguesía que están acostumbrados a conquistar votos con regalos, con tarjetas prepagadas y con la compra del voto.

El proyecto de gobierno, la oferta del país que quieren construir los candidatos a la Presidencia de la República, a Gobernadores, a Diputados, a Senadores, a Presidentes municipales pasa a segundo término porque la sombrilla, la mochila, los trastos, las rifas de electrodomésticos, las gorras, las playeras, las laminas, el cemento y las despensas son el mejor argumento que tienen para convencer a los votantes, que dicho sea de paso, en medio de la pobreza y miseria en que se encuentran (por culpa de esos funcionarios), tales obsequios vienen a ser un paliativo.

Nada dicen sobre la segunda vuelta que en gran parte de las naciones sudamericanas y europeas son el mejor método para legitimar al presidente de la República que surja de esta segunda votación, porque al no triunfar con más del 3 por ciento de diferencia entre el primero y el segundo lugar, obligan a éstos a buscar el apoyo de los candidatos y partidos que hayan quedado del tercer lugar hacia abajo y, de esa forma conformar plataformas electorales combinadas, que contengan las necesidades de los grupos sociales más desprotegidos del país, que por falta de recursos económicos para poder influir en la sociedad con publicidad y difusión de sus objetivos programáticos, son rezagados del voto comprado o inducido por los grupos del poder económico y eclesiásticos en México.

No deja de ser menos importante como se va a conformar el Instituto Nacional de Elecciones que no debe ser como hoy se hace para con el IFE y el Tribunal Federal Electoral que es a propuesta de los partidos políticos. Tal vició ha hecho que sus decisiones se politicen y favorezcan siempre a los partidos que los postularon. Justo es encontrar un mecanismo distante a éste para dar certeza a todos los procesos electorales, por que de allí depende la confianza popular hacia sus órganos electorales por un lado, y la legitimidad del funcionario que surja en el contexto internacional con sus pares.

Si sumado a eso se le prohíbe a todos los candidatos y partidos políticos andar de santacloses en todas las campañas a los distintos cargos de elección popular obsequiando y comprando votos, y se les obliga a conquistarlos con argumentos, con ideas, con ofertas político-electorales, con proyectos de gobierno municipal, estatal o nacional, entonces si que deberíamos prepararnos para aplaudir y apoyar esa reforma política porque por primera vez en México el candidato (a) que surgiera ganador, sería con toda la legitimación legal, social, ética y moral.

Falta poco para conocer los sentimientos de los partidos incrustados en el Pacto por México en este trascendental tema, y ser testigos si de nueva cuenta solo practican el gatopardismo, o quieren por fin alcanzar en este siglo XXI la ruta que otras naciones democráticas han trazado lustros atrás en materia electoral, y que les ha servido para dar ese salto cualitativo no solo en ese rubro, sino en el desarrollo y bienestar de sus pueblos.