29/04/2026 - Sinaloa

EU acusa a Rocha Moya y a 9 funcionarios más por presuntos vínculos con el narco por / Redes sociales

A través de un comunicado emitido este miércoles 29 de abril, se indicó que los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, para importar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.

29/04/2026 21:05:06 - Sinaloa / redacción multigráfica

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó al menos a diez funcionarios mexicanos, algunos en funciones y otros ya fuera del cargo, por presunto narcotráfico y delitos relacionados con armas; entre ellos destaca el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A través de un comunicado emitido este miércoles 29 de abril, se indicó que los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, para importar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos. Los señalados por autoridades estadounidenses son: Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. “El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló: “El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro. Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”. Asimismo, Clayton elogió la labor de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia y del Gobierno de México. El comunicado resaltó que la acusación está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles están al frente del caso. Se precisó que los cargos que figuran en la acusación formal son meras imputaciones, por lo que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Las penas mínimas y máximas previstas por ley son establecidas por el Congreso y se incluyen únicamente con fines informativos, ya que la sentencia será determinada por un juez. Rubén Rocha Moya (76 años, gobernador de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dicho armamento. Enfrenta una pena de 40 años de prisión a cadena perpetua. Enrique Inzunza Cázarez (53 años, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa): Imputado por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta el mismo rango de penalidad. Enrique Díaz Vega (50 años, exsecretario de Administración y Finanzas): Enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, además de la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Su pena se ubica en el mismo rango. Dámaso Castro Zaavedra (54 años, fiscal general adjunto de Sinaloa): Acusado de participar en la conspiración para importar narcóticos y por cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta penas dentro de ese mismo margen. Marco Antonio Almanza Avilés (54 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa): Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Enfrenta penas de 40 años de prisión a cadena perpetua. Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo” (45 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa): Acusado por conspiración para importar narcóticos y delitos de armas que incluyen ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años y una máxima de cadena perpetua. Gerardo Mérida Sánchez (66 años, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras, artefactos explosivos y dispositivos destructivos. Enfrenta penas de 40 años de prisión a cadena perpetua. José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” (55 años, exsubdirector de la Policía de Sinaloa): Enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Su pena va de 40 años de prisión a cadena perpetua. Juan de Dios Gámez Mendívil (41 años, alcalde de Culiacán): Enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y explosivos. Su pena va de 40 años de prisión a cadena perpetua. Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” (35 años, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Además de los cargos por narcotráfico y posesión de ametralladoras y explosivos, enfrenta acusaciones por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer este delito, lo que implica una sentencia obligatoria de cadena perpetua.