25/09/2026 - Xalapa, Ver.

Integrantes de 63 organizaciones sindicales que cotizan ante el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) unificaron sus demandas para solicitar que a los trabajadores incorporados bajo las leyes 5 y 20 no se les aplique el promedio ponderado del salario regulador previsto en la Ley 287, al considerar que esta medida está reduciendo de manera considerable el monto de las pensiones. por / Rigoberto Suárez

Unificaron sus demandas para solicitar que a los trabajadores incorporados bajo las leyes 5 y 20 no se les aplique el promedio ponderado del salario regulador previsto en la Ley 287

25/09/2026 15:25:56 - Xalapa, Ver. / Rigoberto Suárez

ntegrantes de 63 organizaciones sindicales que cotizan ante el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) unificaron sus demandas para solicitar que a los trabajadores incorporados bajo las leyes 5 y 20 no se les aplique el promedio ponderado del salario regulador previsto en la Ley 287, al considerar que esta medida está reduciendo de manera considerable el monto de las pensiones. Durante un pronunciamiento conjunto, representantes del denominado Sindicalismo Veracruzano explicaron que la aplicación del artículo quinto transitorio de la Ley 287 ha generado afectaciones a trabajadores que iniciaron sus trámites de jubilación, particularmente a quienes fueron incorporados al IPE antes de la entrada en vigor de dicha legislación. Señalaron que el principal objetivo de las organizaciones es que, al momento de causar baja y solicitar la jubilación, se reconozca como base para determinar la pensión el último sueldo de cotización, incluyendo los incrementos obtenidos mediante promociones y ascensos escalafonarios. De acuerdo con la explicación presentada, la Ley 287, publicada el 21 de julio de 2014, modificó diversos aspectos del régimen pensionario, entre ellos los requisitos para acceder a una jubilación y la forma de determinar el monto de la pensión. Los trabajadores incorporados bajo la antigua Ley 5, correspondiente a quienes ingresaron al servicio entre el 16 de mayo de 1967 y el 31 de diciembre de 1996, y aquellos incorporados bajo la Ley 20, entre el 1 de enero de 1997 y el 21 de julio de 2014, quedaron sujetos a disposiciones transitorias. Los representantes sindicales explicaron que, bajo las nuevas disposiciones, el monto de la pensión puede determinarse tomando en consideración los años que faltaban al trabajador para alcanzar las 30 cotizaciones al momento en que entró en vigor la Ley 287. Como ejemplo, expusieron el caso de un trabajador que al 21 de julio de 2014 tenía 28 años de cotizaciones. Aunque actualmente pudiera contar con 40 años de servicio, al momento de jubilarse se le considerarían para el promedio los años que le faltaban para llegar a las 30 cotizaciones, es decir, dos años. Otro ejemplo presentado fue el de un trabajador que ingresó el 1 de enero de 1996 y que actualmente cuenta con 30 años de servicio. Al momento de la entrada en vigor de la Ley 287 tenía 18 años de cotización, por lo que, de acuerdo con la interpretación expuesta por los sindicalistas, se tomarían en cuenta varios años para establecer el promedio. Los dirigentes señalaron que esta situación comenzó a reflejarse de manera general a partir del ejercicio 2025, pues trabajadores que anteriormente podían recibir una pensión calculada con base en su último sueldo de cotización ahora enfrentan reducciones derivadas del promedio. La secretaria general de una de las organizaciones participantes, Celeste Angélica Villegas Sánchez, señaló que las afectaciones varían dependiendo del número de años considerados para el cálculo y de la trayectoria salarial de cada trabajador. Indicó que las reducciones pueden ir aproximadamente del 6 al 35 por ciento, mientras que en casos donde durante los años considerados existieron distintos niveles salariales, el impacto puede alcanzar alrededor del 30 por ciento. Explicó que los trabajadores suelen desarrollar una trayectoria salarial ascendente durante su vida laboral, por lo que la aplicación de un promedio puede disminuir el monto respecto del último nivel salarial alcanzado. “No queremos privilegios para unos cuantos, queremos certeza jurídica y respeto para todas y todos por igual”, señalaron los representantes sindicales durante el pronunciamiento. Las organizaciones aclararon que su movimiento no pretende abordar en este momento asuntos relacionados con la reserva técnica, la operación administrativa del IPE o cuestiones presupuestales, sino concentrarse específicamente en la forma en que se determina la cuantía de las pensiones de los trabajadores incorporados bajo las leyes anteriores. Instalan mesa de negociación. Los sindicalistas informaron que el pasado 17 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una reunión con autoridades estatales para abordar la problemática. Según lo expuesto, por instrucciones de la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, y mediante la intervención del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, se acordó realizar una primera reunión de trabajo entre autoridades del IPE y una comisión del Sindicalismo Veracruzano. Después de varias horas de diálogo, se estableció el compromiso de instalar una mesa permanente de negociación y recepción de casos, que funcionará en instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Los representantes sindicales señalaron que el objetivo será revisar los casos y buscar alternativas de solución desde una perspectiva social, además de informar de los acuerdos al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado. Entre los objetivos establecidos por las organizaciones se encuentran la conservación de los derechos adquiridos de quienes fueron incorporados al IPE bajo las leyes 5 y 20; el análisis del principio de no retroactividad y evitar que el monto de las pensiones sea determinado exclusivamente mediante el promedio ponderado cuando ello afecte los derechos adquiridos de los trabajadores. Buscan evitar afectaciones a jubilados. El denominado Sindicalismo Veracruzano está integrado por organizaciones que representan a trabajadores del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Universidad Veracruzana, Fiscalía General del Estado, Instituto de Espacios Educativos, Radio y Televisión de Veracruz, Comisión del Agua, ayuntamientos y el magisterio, entre otros sectores. Los dirigentes insistieron en que mantienen su autonomía y sus respectivas siglas, pero decidieron trabajar de manera conjunta en este tema. Sostuvieron que detrás de cada trabajador existe una familia y que la discusión sobre las pensiones tiene un impacto directo en la economía de quienes concluyen décadas de servicio público. Por ello, solicitaron que cualquier determinación relacionada con el régimen pensionario respete los derechos de trabajadores activos, jubilados y pensionados, así como los principios de seguridad jurídica y no retroactividad. Las organizaciones reiteraron que buscarán mantener el diálogo con las autoridades y que esperan que los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo se traduzcan en soluciones concretas para los trabajadores afectados. De acuerdo con los representantes sindicales, actualmente son 63 organizaciones las que participan en esta demanda, mientras que los casos afectados corresponden a trabajadores que han comenzado a tramitar sus acuerdos de jubilación y pensión bajo las disposiciones que comenzaron a aplicarse de manera más amplia a partir de 2025. El llamado de los sindicatos es a revisar cada caso y determinar los efectos que la aplicación del salario regulador ha tenido sobre los trabajadores, con la finalidad de evitar reducciones que, sostienen, pueden representar hasta una tercera parte del monto que esperaban recibir al concluir su vida laboral.