12/05/2017 - Guatemala, Guatemala

por Proporcionada por el autor de la columna

Luego de la espectacular captura del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, que ocupó los titulares de prácticamente todos los medios de comunicación, se va a cumplir ya un mes de que está detenido en Guatemala, pero pareciera que no existe ningún interés por parte de las autoridades mexicanas en regresarlo a nuestro país.

12/05/2017 12:48:56 - Xalapa, Ver. por Miguel Angel Cristiani G.

También por parte de los medios, ha dejado de ser noticia en la agenda política, ya no se volvió a tratar el tema y lo último fue que el ex mandatario se quejaba de que no tenía colchón en la cárcel y quería salir a convivir con sus compañeros de prisión.

Pero de su extradición nada, mutis total.

Cuestionado al respecto el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso al ser interrogado luego de una comparecencia en el Senado, se limitó a responder a los periodistas que eso de la repatriación de Duarte se lo preguntaran al Procurador General de la República.

O sea que la PGR es la que tendría que haber enviado desde hace ya varias semanas, la solicitud al gobierno de Guatemala para que lo pudieran traer a nuestro país, pero hasta el momento, luego de casi un mes de la captura, no han movido un dedo.

Cuando se dio a conocer la noticia de la detención en un lujoso hotel en la costa de Guatemala de Javier Duarte de Ochoa, se especuló que todo formaba parte de un acuerdo bien estructurado para utilizar ese hecho convenientemente en las próximas elecciones, entre otras, las del estado de Veracruz donde el 4 de junio próximo se elegirán a los 212 ayuntamientos.

Conforme van transcurriendo los días, se va confirmando el hecho de que a Javier Duarte lo van a regresar, faltando unos cuantos días para las votaciones, para volver a calentar el asunto y poder decir que el PRI está combatiendo a los corruptos.

Pero Javier Duarte de Ochoa no fue el gran mago que desapareció por si solo los miles de millones de pesos, hay una larga lista de cómplices a quienes, hasta ahora, tampoco se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa, cuando se supone que a estas alturas del partido, ya deberían de tener perfectamente integrados sus respectivos expedientes.

En un reportaje publicado en la versión digital del periódico The New York Times, firmado por el periodista Arturo Angel, del portal Animal Político se recuerda que Javier Duarte de Ochoa fue gobernador del estado de Veracruz por 2139 días. En su gobierno, según las auditorías federales y locales llevadas a cabo hasta este momento, se desviaron 73.000 millones de pesos provenientes de recursos públicos, unos 3800 millones de dólares. Esto quiere decir que en la administración de Duarte desaparecían, en promedio, 28 mil pesos de las arcas públicas por minuto (1495 dólares).

Este nivel de fraude es el más alto de la historia en México, como lo definieron en su momento las autoridades. Pero Javier Duarte -detenido el 15 de abril en Guatemala- no lo hizo solo.

Prueba de ello es la investigación publicada en el portal Animal Político hace un año en la que documentamos cómo diez funcionaros al frente de cuatro dependencias en Veracruz entregaron 650 millones de pesos a una red de 22 empresas de maletín. Ninguno de estos funcionaros está detenido y ahora seis son diputados federales con un fuero que impide que sean interrogados y procesados. Uno de ellos es Tarek Abdalá, a quien la Fiscalía de Veracruz identifica como presunto responsable de diversos fraudes que originaron un desvío de 23.000 millones de pesos.

Hace unos días los diputados del Partido de la Revolución Institucional (PRI), partido al que pertenece el presidente de México Enrique Peña Nieto y del cual fue expulsado Duarte en octubre, desecharon una petición oficial de la fiscalía para suspender el fuero que impide que Abdalá sea, por lo menos, interrogado.

Sí, la captura de Javier Duarte es un paso, pero es solo el primero. Ante los tribunales deben presentarse los exfuncionarios y también los testaferros y cómplices que hicieron posible el gran robo.

Esta es solo una muestra de la impunidad solapada en el sexenio de Peña Nieto. Desde hace cinco años la Auditoría Superior de la Federación ha presentado denuncias formales por los desvíos en la administración de Duarte. Van más de 60 y ninguna ha sido resuelta. Ni uno de los funcionarios involucrados fue siquiera citado a declarar antes de que quedaran protegidos por su fuero.

Luego de la captura de Duarte me han preguntado si es un mensaje de que la corrupción se acabó. La respuesta es no. Nada va a cambiar si las redes siguen intactas. Si las denuncias, que llenan cajones en las procuradurías, no se atienden. Si los legisladores se encubren entre ellos. Si el poder se alterna entre partidos pero la impunidad prevalece. El PRI regresó tras doce años con otros rostros, pero la corrupción que llevó a su salida sigue ahí, como si fuera su emblema.

Las investigaciones de las denuncias de la Auditoría están a cargo de la Procuraduría General de la República, cuyo titular fue escogido por el Presidente. En 2014 se aprobó una reforma que debería dar autonomía a la Procuraduría, pero no se ha concretado porque el congreso nacional, donde el PRI y sus aliados son mayoría, no ha expedido la ley que la pondría en funcionamiento.

Sí, la captura de Javier Duarte es un paso, pero es solo el primero. Ante los tribunales deben presentarse los exfuncionarios y también los testaferros y cómplices que hicieron el gran robo posible.

Hoy estamos cortos. Existen 21 juicios abiertos pero solo contra los actores más débiles del sistema de corrupción: personas de bajos recursos que fueron engañados o que, a cambio de una promesa de apoyo, aceptaron firmar como socios de la red de empresas fantasma.

Cuando se pidió la orden de aprehensión contra Duarte en noviembre de 2016, también se concedió en contra de seis testaferros, abogados y contadores que colaboraron con el exgobernador para lavar recursos. De todos ellos solo uno ha sido detenido.

En el grupo se encuentra el empresario Moisés Mansur, que según la investigación oficial es el principal testaferro de Duarte. Adquirió a su nombre departamentos en Ciudad de México y un rancho de lujo en el Estado de México conocido como "Las Mesas", entre otras propiedades. Mansur no ha sido capturado pero, según el gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se encuentra en Canadá. Oficialmente es un prófugo.

Otro involucrado es el abogado José Janeiro, mano derecha de Mansur y responsable de las operaciones financieras. También coordinó la adquisición de propiedades. La orden de captura en su contra se canceló temporalmente luego de que acordó colaborar con las autoridades.

Rafael Rosas Bocardo es otro testaferro involucrado en la red de lavado. A su nombre está una tercera parte del Rancho "Las Mesas", cuya compra se hizo tras triangular casi 400 millones de pesos que se entregaron a empresas fantasmas. También está prófugo.

Tampoco han sido capturados Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva. Según las investigaciones ambos ayudaron a Mansur y otro abogado de nombre Alfonso Ortega a pasar por terratenientes, requisito legal para adquirir terrenos ejidales que luego fueron sobrevendidos a una compañía fantasma denominada Consorcio Brades, propiedad del propio Mansur.

Nada va a cambiar si las redes siguen intactas. Si las denuncias, que llenan cajones en las procuradurías, no se atienden. Si los legisladores se encubren entre ellos.

El único de los cómplices de Duarte detenido es Javier Nava, capturado por la Interpol en Barcelona, España. Es un contador que facilitó las operaciones fiscales que involucraron a empresas fachada.

Otro personaje clave es la esposa del propio Duarte, Karime Macías. Según declaraciones tanto de Ortega como de Janeiro, era quien ordenaba múltiples operaciones a través de las empresas falsas, por ejemplo, la adquisición de cuatro departamentos en el complejo St. Regis en Nueva York.

Macías no está detenida ni existe una orden de aprehensión en su contra. Cuando Duarte fue capturado estaba con su esposa en Guatemala, a donde ingresaron ilegalmente, pero no fue deportada a México. En cambio, se le permitió irse a Colombia junto con sus padres, también indagados por la PGR, y desde ahí volaron a Londres, donde hoy permanecen.